ESPOSA DEL EXTÉCNICO DE CENTRAL CÓRDOBA DENUNCIÓ AL FISCAL GUZMÁN
Protegido. Agosto de 2024. La historia de la ayuda del Fiscal general Luis de la Rúa.
Una nota irrumpió en el diario El Liberal, el 7 de agosto de 2024. Nada se le escapa al comisario político instalado en Casa de Gobierno. ¿Cómo fue publicado este caso? Sin embargo, fue tapado.
Inicio. Gina Mendoza Laufari, esposa del extécnico del club Central Córdoba, Luis González Vélez, colombiano.
Causa. Intervino el juez Fernando Paradelo.
Denuncia. Por presunta extorsión contra el fiscal coordinador de Las Termas de Río Hondo, Ignacio Guzmán, quien habría alquilado una finca por un valor superior a 12.000 dólares, en la zona de El Zanjón, ciudad Capital.

Rarísimo. La operación se hizo sin documentación, ni facturas.
El abogado patrocinante, Orlando Gómez Vélez, dijo que Gina efectivizó 2.450 dólares en concepto de 15 días. Son 450 dólares por el alquiler, el resto por depósito.
Gina ingresó a la finca el 14 de julio. Y el fiscal Guzmán, el 30 de julio del año pasado, fue informado que el club Central Córdoba separó del cargo al técnico colombiano González Vélez.
El fiscal Ignacio Guzmán llamó por teléfono a Gina e intimó el pago inmediato “de los cinco meses de alquiler”. Esto significaba un desembolso de 10.000 dólares.
Después, el 1 de agosto pasado, el fiscal cuestionado y en comisión, Ignacio Guzmán, ingresó a la finca con otras personas. Según la denuncia, tuvo tono amenazante y con intimidación. Una actitud antijurídica y causal de juicio político.
Pruebas. Según el letrado patrocinante, estaban los mensajes por Whatsapp y testimonio de una vecina, quien estaba el día que ingresó Guzmán a la finca. Aunque no se descartaba, ante la falta de documentación firmada, la presunta evasión fiscal.
Resolución en ese momento. La intervención del juez Fernando Paradelo. Y la gestión del controvertido Fiscal general Luis de la Rúa.
Luis de la Rúa está complicado, cuatro meses después, por presunto accidente de tránsito a un mujer y abandono de persona.
Análisis. El sistema Fiscal Público está deslegitimado. Tal vez cooptado por la política. La mayoría de los fiscales en la provincia están en comisión, provisorios. Son títeres de los políticos.